NUEVA YORK (Reuters Health) – En el 2004, el laboratorio
Pfizer aceptó declararse culpable y pagar más de 430 millones de
dólares por la acusación de haber comercializado el
antiepiléptico Neurontin ilegalmente para usos no aprobados.
Ahora, un estudio publicado en Journal of Clinical Psychiatry
cuestiona si el juicio terminó aumentando el gasto en otros
antiepilépticos en lugar de reducir los usos sin aprobación.
Los médicos pueden recetar fármacos con usos no autorizados
por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, pero la
industria tiene prohibido comercializarlos con esos fines.
“En los últimos años hubo juicios importantes para penalizar
a las empresas farmacéuticas por la promoción ilegal de usos no
aprobados”, dijo Meredith Chace, investigadora especializada en
políticas farmacéuticas de la Facultad de Medicina de Harvard,
Boston. “Sospechábamos que eso podía tener consecuencias no
intencionales.”
Con su equipo analizó información del período 2001-2005 de
los seguros de salud federales Medicare y Medicaid. Se
concentraron en el tratamiento del trastorno bipolar, uno de los
distintos usos sin aprobar de Neurontin (gabapentina).
Desde la primera noticia publicada sobre el juicio en marzo
del 2002, la participación de Neurontin en el mercado de los
antiepilépticos que se utilizan para tratar el trastorno bipolar
se redujo del 21 al 15 por ciento.
En tanto, se disparó o siguió creciendo ese uso sin
aprobación de otros cuatro fármacos (uno de ellos aprobado más
adelante). Hasta el gasto en Neurontin aumentó, a pesar de que
se redujo su indicación.
“Desafortunadamente, el estudio sugiere que los médicos
siguieron indicando medicamentos sin efectividad probada para el
tratamiento del trastorno bipolar”, dijo el doctor Daniel
Carlat, psiquiatra y director del Proyecto Pew de Indicaciones
Médicas, que promueve políticas para limitar las relaciones
entre los médicos y la industria que afecten la atención de los
pacientes.
¿NO TAN DAÑINO COMO SE ESPERABA?
El nuevo estudio detalla que en el 2000, dos años antes de
que se conocieran las noticias sobre el juicio, las ventas de
Neurontin eran de casi 1.000 millones de dólares, principalmente
por sus usos no autorizados. Chace opinó que la cobertura
negativa de los medios influyó en parte en la caída de las
ventas de Neurontin y que es posible que el fabricante
aumentara los precios para anticiparse.
El equipo estima que el gasto gubernamental en
antiepilépticos para el tratamiento del trastorno bipolar
aumentó en más de 200 millones de dólares después del juicio,
sin incluir los potenciales cambios de indicaciones del mismo
producto para otras enfermedades, como la migraña, el síndrome
de piernas inquietas y distintos trastornos asociados con el
dolor.
“Las consecuencias no esperadas incluyen la sustitución de
otros productos similares y un aumento del gasto general”, dijo
Chace a Reuters Health.
Agregó que los ensayos clínicos habían demostrado que
Neurontin no es efectivo para el tratamiento del trastorno
bipolar, aunque con algunas excepciones.
Una limitación del estudio es no haber incluido información
sobre la inversión de la industria en la comercialización de sus
productos. Además, el cargo de Carlat está parcialmente
financiado con un subsidio que surgió del arreglo comercial de
la demanda contra Pfizer.
“Se desconoce si el juicio fue la causa del aumento de la
indicación de antiepilépticos y, por lo tanto, del gasto en
salud -dijo Carlat por e-mail-. El estudio no controló los
efectos de otros factores en las decisiones médicas, como la
estrategia de comercialización de otros productores de
antiepilépticos y la información científica de la efectividad de
otros fármacos.”
El doctor Randall S. Stafford, que no participó del estudio,
opinó sobre la posibilidad de que el juicio “no haya dañado a
Pfizer tanto como se esperaba”. Dijo por e-mail que “se estaba
venciendo la patente de Neurontin y el juicio sólo aceleró el
cambio deseado al uso sin aprobar de Lyrica”, un antiepiléptico
(pregabalina) que aún conserva su patente y fue motivo de otro
juicio similar contra Pfizer, que aceptó un convenio por 2.300
millones de dólares en el 2009.
Pfizer no realizó comentarios sobre resultados asociados “con
un acuerdo de hace una década”.
Chace consideró que las autoridades deberían trabajar con las
asociaciones médicas para informar a los profesionales sobre
estas crisis para que actúen adecuadamente.
FUENTE: Journal of Clinical Psychiatry, online 16 de octubre
del 2012
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